La jueza Mercedes Alaya ya tiene en su poder la ampliación del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregó el 14 de julio sobre la compraventa de las acciones de Farusa, y la investigación confirma lo que ya sospechaba casi todo el mundo: detrás de Bitton Sport no hay ninguna empresa capaz de afrontar una operación de 16 millones de euros. "La operación de compra-venta se formaliza por empresas que, en principio, carecen de capacidad financiera para llevarla a cabo", dice. Y añade que las empresas "fiadoras" son controladas por Luis Oliver y el también consejero Ángel Vergara. En pocas palabras, Bitton es Oliver y las otras empresas también son Oliver.
El informe aporta un dato clave que era desconocido: las acciones ahora tuteladas por los administradores judiciales están pignoradas a favor de Farusa, así que son propiedad de la sociedad de Lopera hasta que Bitton realice el pago íntegro. Las acciones no sólo continúan perteneciendo a Farusa (Bitton posee los derechos políticos, y ya ni eso tras las medidas cautelares de la jueza), sino que Bitton las empleó como aval en la compraventa. Esta pescadilla que se muerde la cola conduce a la UCO a una conclusión muy simple: Lopera. "Contemplar un escenario de vuelta de la propiedad de las acciones del Real Betis Balompié a Farusa no es en absoluto complicado, pues el hecho de que las acciones se encuentren pignoradas como garantía de pago hace que un impago por parte de Bitton Sport, que no sería difícil dada su falta aparente de soporte financiero, llevaría automáticamente a poder ejecutar la garantía de prenda y que las acciones volvieran a la propiedad de Farusa", detalla el informe. La Guardia Civil, dicho sea de paso, critica al club por no hacer constar esa pignoración en su Libro de Socios.
En cuanto a las empresas avalistas de la operación, son dos: Dinaqua y Financiación, Desarrollo y Gestión. La primera es propiedad de Estudios Taer Corporación, adquirida a su vez por Desarrollos Empresariales Elvas, con capital social de 3.006 euros y cuyo último administrador es el hijo de Oliver; y la segunda fue adquirida por Vergara. Y ambas fueron compradas por un euro, "lo que indica que carecen de capacidad económica-financiera" para sostener una operación como la compra de unas acciones por 16.173.000 euros. De los "poderosos inversores", ni rastro. Y, además, la Guardia Civil maneja "informaciones que indican que Oliver podría haber estado percibiendo la prestación por desempleo entre 2008 y 2009". Es decir, que el año pasado estaba cobrando el paro.
El informe también confirma que el Betis paga 35.000 euros mensuales a la empresa Orion Consultoría y Gestión para llevar la contabilidad del club. Esta sociedad tiene el mismo domicilio social que Bitton o Dinaqua y es administrada por Isabel Escrig, "persona del entorno de Luis Oliver" y "administradora única" de varias empresas, como Dinaqua. Todo queda en casa, pues.
La UCO, por último, explica la compra de las acciones que permitieron a Oliver entrar como consejero. El ex presidente José León admitió ante la Guardia Civil que iba a venderle algunas suyas, pero cambió de opinión tras el auto de la jueza y contactó con un amigo para que le vendiese las suyas. La Guardia Civil habla de "supuesta falsedad" porque o el notario u Oliver indicaron al vendedor "la necesidad de hacer constar la existencia de un contrato previo" que no existía. El informe duda de la legalidad de que Oliver entrase en el consejo por cooptación: "Desempeña el cargo por su condición de propietario de otras acciones adquiridas con posterioridad a la comunicación, tanto a Bitton como al Betis, del auto de suspensión", reflexiona.
A pesar del informe, Jaime Rodríguez Sacristán aún se fía de Oliver. "Que existe gente poderosa detrás es cierto. Son inversores no ponedores; quieren invertir no para recuperar, sino para ganar, pero ahora no se sabe en qué invierten porque la compraventa está en suspenso", alegó ayer.
Fuente: Elcorreo
El informe aporta un dato clave que era desconocido: las acciones ahora tuteladas por los administradores judiciales están pignoradas a favor de Farusa, así que son propiedad de la sociedad de Lopera hasta que Bitton realice el pago íntegro. Las acciones no sólo continúan perteneciendo a Farusa (Bitton posee los derechos políticos, y ya ni eso tras las medidas cautelares de la jueza), sino que Bitton las empleó como aval en la compraventa. Esta pescadilla que se muerde la cola conduce a la UCO a una conclusión muy simple: Lopera. "Contemplar un escenario de vuelta de la propiedad de las acciones del Real Betis Balompié a Farusa no es en absoluto complicado, pues el hecho de que las acciones se encuentren pignoradas como garantía de pago hace que un impago por parte de Bitton Sport, que no sería difícil dada su falta aparente de soporte financiero, llevaría automáticamente a poder ejecutar la garantía de prenda y que las acciones volvieran a la propiedad de Farusa", detalla el informe. La Guardia Civil, dicho sea de paso, critica al club por no hacer constar esa pignoración en su Libro de Socios.
En cuanto a las empresas avalistas de la operación, son dos: Dinaqua y Financiación, Desarrollo y Gestión. La primera es propiedad de Estudios Taer Corporación, adquirida a su vez por Desarrollos Empresariales Elvas, con capital social de 3.006 euros y cuyo último administrador es el hijo de Oliver; y la segunda fue adquirida por Vergara. Y ambas fueron compradas por un euro, "lo que indica que carecen de capacidad económica-financiera" para sostener una operación como la compra de unas acciones por 16.173.000 euros. De los "poderosos inversores", ni rastro. Y, además, la Guardia Civil maneja "informaciones que indican que Oliver podría haber estado percibiendo la prestación por desempleo entre 2008 y 2009". Es decir, que el año pasado estaba cobrando el paro.
El informe también confirma que el Betis paga 35.000 euros mensuales a la empresa Orion Consultoría y Gestión para llevar la contabilidad del club. Esta sociedad tiene el mismo domicilio social que Bitton o Dinaqua y es administrada por Isabel Escrig, "persona del entorno de Luis Oliver" y "administradora única" de varias empresas, como Dinaqua. Todo queda en casa, pues.
La UCO, por último, explica la compra de las acciones que permitieron a Oliver entrar como consejero. El ex presidente José León admitió ante la Guardia Civil que iba a venderle algunas suyas, pero cambió de opinión tras el auto de la jueza y contactó con un amigo para que le vendiese las suyas. La Guardia Civil habla de "supuesta falsedad" porque o el notario u Oliver indicaron al vendedor "la necesidad de hacer constar la existencia de un contrato previo" que no existía. El informe duda de la legalidad de que Oliver entrase en el consejo por cooptación: "Desempeña el cargo por su condición de propietario de otras acciones adquiridas con posterioridad a la comunicación, tanto a Bitton como al Betis, del auto de suspensión", reflexiona.
A pesar del informe, Jaime Rodríguez Sacristán aún se fía de Oliver. "Que existe gente poderosa detrás es cierto. Son inversores no ponedores; quieren invertir no para recuperar, sino para ganar, pero ahora no se sabe en qué invierten porque la compraventa está en suspenso", alegó ayer.
Fuente: Elcorreo
