La instrucción abierta en el Juzgado número 6 de Sevilla y dirigida por la juez Mercedes Alaya en el caso contra Manuel Ruiz de Lopera por presunta apropiación indebida y delito societario continuado sigue su curso entre la acumulación de recursos por parte de la defensa y un trabajo ingente de los abogados demandantes, pertenecientes a la Liga de Juristas Béticos, Por Nuestro Betis y Béticos por el Villamarín. Uno de los momentos clave, de los puntos de inflexión en todo este proceso, fue el primer informe pericial, presentado hace más de un año (marzo de 2010) y en el que se cifraba en más de once millones de euros el perjuicio económico para el Betis por la interposición de las empresas que manejaba Lopera (Tegasa) entre 1993 y 1998. Y resta por conocer el contenido del segundo informe que deben hacer los peritos de la Agencia Tributaria que, a pesar de haberse filtrado la cercanía de su aparición en numerosas ocasiones desde septiembre del año pasado, no estará disponible, al menos, hasta después del verano judicial, es decir, agosto.
Y es que la solicitud por parte del Ministerio Fiscal y de la propia jueza de la ampliación de información sobre Tegasa y Encadesa va a provocar un retraso considerable en la presentación de este informe, según fuentes judiciales. Los peritos han tenido que pedir documentación complementaria y ésta resulta ser bastante compleja, por lo que está prácticamente descartado que pueda ser presentado durante este mes de julio.
Mucho se espera de este segundo análisis de los movimientos de las empresas de Lopera en torno al Betis, puesto que se han filtrado ya algunas cifras millonarias sobre el posible perjuicio al Betis de la gestión a través de Tegasa y Encadesa desde 1998 hasta que fueron apartadas del día a día por Lopera una vez que ya estaba abierta la instrucción por este caso. Si las informaciones que apuntan a que el perjuicio es incluso mayor que el documentado entre 1993 y 1998 se asentaría la base de las acusaciones contra el ex consejero delegado del club y se acercaría el final de la instrucción para que el caso fuera al fin juzgado. Hasta el momento se mantienen las medidas cautelares que dictó Alaya referentes a que la gestión de las acciones del Betis propiedad de Farusa estén controladas a través de una administración judicial
FUENTE: Alfinaldelapalmera
No hay comentarios:
Publicar un comentario